Internacional l Panamá
Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela enfrentarán el banquillo en un proceso que iniciará en agosto de 2023 bajo acusaciones de recibir sobornos de la compañía brasileña. Junto a ellos, otros 34 individuos fueron imputados.
En esa lista destacan funcionarios del Gobierno durante el período de Martinelli y sus dos hijos. En contrapartida, una persona fue sobreseída definitivamente y otras 11 de forma provisoria.
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— DeTodo UnPoco (@DeTodoUnPocoAZ) November 9, 2022
Este martes 8 de noviembre, la justicia panameña anunció que 36 personas deberán afrontar un juicio por presunto blanqueo de capitales correspondiente al caso Odebrecht, calificado como el más corrupto de la historia del país centroamericano.
Dentro de la nómina sobresalen dos expresidentes del país: Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). El proceso tendrá curso en agosto próximo.
Sin embargo, no son las únicas figuras políticas cuyo nombre apareció en la lista roja confeccionada por el Órgano Judicial el lunes por la noche.
También están involucrados cinco exministros de la gestión de Martinelli y sus dos hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, quienes permanecen presos en Estados Unidos por reconocer que recibieron 28 millones de dólares en sobornos, y uno de la Administración de Varela.
Según indica la agencia EFE, en el documento judicial fueron citados Jaime Ford y Federico Suárez (Obras Públicas), Frank de Lima (Economía), Demetrio Papadimitriu (Presidencia) y José Domingo Arias (Vivienda), quienes conformaron el Gabinete de Martinelli. En tanto que Carlos Duboy, también de Vivienda, es el funcionario de la era de Varela.
En el caso Odebrecht, que tuvo su audiencia preliminar a mediados de septiembre, el fiscal Mahmad Daud Hasan remarcó que la constructora brasileña pagó sobornos “a diestra y siniestra” en Panamá, donde se radicó desde 2006 y se erigió como una de las entidades contratistas principales del Estado.
En tanto que en julio de 2017, la compañía rubricó un acuerdo con la Fiscalía panameña, en el que se comprometía a pagar a lo largo de 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado, pero esas compensaciones no se están ejecutando.
ft. efe y france24