La Procuraduría General de Brasil presentó una acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro, el exministro Braga Netto y otras 32 personas por su supuesta implicación en un plan para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
La denuncia, elaborada por el fiscal general Paulo Gonet, será evaluada por la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal, con el magistrado Alexandre de Moraes como ponente.
Según la acusación, Bolsonaro habría incurrido en delitos como organización criminal armada, intento de golpe de Estado y atentado contra el Estado democrático de derecho. La investigación señala que el exmandatario habría promovido un proyecto que contemplaba la detención de jueces del Tribunal Supremo Federal y del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, como parte de una estrategia para anular los comicios.
Las pruebas incluyen grabaciones y testimonios que indican que Bolsonaro y su círculo cercano discutieron medidas para evitar la asunción de Lula. En diciembre de 2022, el expresidente se habría reunido con los comandantes de las Fuerzas Armadas para evaluar el uso de herramientas legales como la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), el Estado de Defensa y el Estado de Sitio con ese propósito.
El excomandante del Ejército, Freire Gomes, testificó que él y el excomandante de la Fuerza Aérea, Baptista Junior, rechazaron la propuesta, mientras que el entonces comandante de la Marina, Almir Garnier Santos, habría expresado su apoyo a Bolsonaro. Según Baptista Junior, Freire Gomes incluso amenazó con arrestar al expresidente si avanzaba con el plan.
La acusación también señala que Bolsonaro y su entorno difundieron información falsa sobre el proceso electoral para generar inestabilidad política. Como parte de esta estrategia, el entonces presidente organizó una reunión con embajadores extranjeros para desacreditar el sistema de votación electrónica, lo que llevó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a inhabilitarlo políticamente por abuso de poder.
En noviembre de 2024, la Policía Federal había identificado a Bolsonaro y a otras 39 personas en su investigación preliminar, aunque la acusación final de la Procuraduría no incluyó a todos los señalados.
Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si abre un juicio formal contra el exmandatario y sus colaboradores. Bolsonaro, de 69 años, ha negado las acusaciones y se considera víctima de una persecución política.
Horas antes de conocerse la acusación, el exmandatario declaró en Brasilia que no estaba preocupado por el caso y asistió al Senado para discutir estrategias en favor de una ley de amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado en enero de 2023.
Hasta el momento, la Corte Suprema ha condenado a casi 400 personas por su participación en ese ataque.
