Petro propone una Asamblea Nacional constituyente para impulsar reformas sociales tras 2026
El presidente Gustavo Petro volvió a plantear la creación de una Asamblea Nacional constituyente, mecanismo que, según él, sería decidido por la ciudadanía después de 2026 y permitiría impulsar reformas sociales que, a su juicio, no avanzan por los canales habituales del Congreso y la justicia.
En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, Petro aseguró que, dado que no se trataría de redactar una nueva Constitución, la Asamblea podría aprobar las reformas necesarias en un plazo aproximado de “tres meses”.
El mandatario criticó la falta de reconocimiento de la desigualdad en Colombia, afirmando: “No reconoce la política y parte de la justicia que estamos en el país más desigual del mundo y, peor, no reconoce que eso es lo contrario del Estado Social de Derecho, es decir, es el incumplimiento de la Constitución”.
En la misma publicación, Petro mencionó que “un magistrado y seis senadores se han encargado de demostrar que se necesita Constituyente”, usando esta referencia como argumento político para justificar la iniciativa.
Por su parte, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, sostuvo desde Manizales que el país no requiere una Asamblea Nacional Constituyente y destacó la importancia de mantener el equilibrio de poderes como fundamento de la democracia. Vallejo calificó la Constitución de 1991 como “preciosa” por sus valores y afirmó que lo adecuado es desarrollarla y aplicarla en la vida cotidiana, no reformarla de fondo.
Desde su cargo, Vallejo ha defendido la separación de poderes y el rol de la justicia en contextos de alta polarización. Asimismo, insistió en que los debates sobre reformas deben ser presentados con argumentos claros y respeto institucional.
En cuanto a la propuesta de Petro, según sus intervenciones y trinos, la iniciativa no partiría directamente del Ejecutivo. La ciudadanía configuraría un comité promotor que recoja firmas y presente un proyecto de ley para reglamentar la eventual Asamblea. El objetivo, según el presidente, sería introducir reformas puntuales sin redactar una nueva Constitución, con un proceso acotado en tiempo y centrado en cambios específicos.