República Dominicana
Santo Domingo. Con el objetivo de combatir las estafas inmobiliarias que han afectado a numerosos ciudadanos en los últimos años, el senador por La Romana, Eduard Espiritusanto, presentó ante el Congreso un anteproyecto de ley para regular y profesionalizar el sector.
La propuesta establece la obligatoriedad de licencias para corredores y agentes de bienes raíces, quienes deberán cumplir requisitos de formación, transparencia y protección al consumidor. Además, se creará el Registro Nacional de Intermediarios Inmobiliarios, supervisado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entidad encargada de expedir y revocar licencias ante prácticas fraudulentas.
Las sanciones para quienes ejerzan sin autorización incluyen multas de hasta 50 salarios mínimos, suspensión de actividades y cierre de empresas infractoras. En casos de fraude o suplantación de identidad, se aplicarán penas conforme al Código Penal.
Uno de los aspectos innovadores de la ley es la implementación del Servicio de Geolocalización de Inmuebles Georreferenciados, que permitirá verificar la titularidad y estatus legal de una propiedad en coordinación con la Jurisdicción Inmobiliaria.
“El país necesita una legislación que brinde confianza y seguridad a los compradores, evitando que familias dominicanas pierdan sus ahorros en manos de estafadores”, afirmó Espiritusanto.
Principales medidas del proyecto:
- Licencia obligatoria: Todo intermediario deberá contar con certificación oficial.
- Supervisión estatal: El MICM podrá revocar permisos y aplicar sanciones.
- Seguro de responsabilidad civil: Protección para consumidores ante irregularidades.
- Regulación de comisiones: Control de honorarios para evitar abusos.
- Uso de tecnología: Sistema de geolocalización para mayor transparencia.
- Publicidad clara: Prohibición de anuncios engañosos en el sector inmobiliario.
De aprobarse esta ley, se establecería un marco confiable para la compra y venta de inmuebles en el país, garantizando transacciones seguras y reduciendo el riesgo de fraudes.
