Condenan a ocho en Operación Colibrí por falsificación masiva de documentos
Juez dicta penas de hasta seis años por fraude en entorno de la Junta Municipal de Santiago
Sentencias y proceso judicial
Santiago.- Ocho personas vinculadas a la Operación Colibrí fueron condenadas mediante procedimiento abreviado por un juez de instrucción de Santiago, tras admitir su culpabilidad en la falsificación masiva de documentos públicos y privados.
Las penas impuestas oscilan entre tres y seis años de prisión. Seis de los condenados recibieron seis años de cárcel: Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas. Yanuel Morales Rodríguez, conocido como “Google”, fue sentenciado a cinco años, mientras que José Carlos Montero recibió tres años de prisión.
El juicio fue conducido por las fiscales Esther María González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE), y Liliana Guillén, de la Fiscalía de Santiago.
Otros imputados enviados a juicio ordinario
El tribunal ordenó que cinco imputados —Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya— sean sometidos a juicio ordinario, tras solicitud del Ministerio Público.
El juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de Instrucción de Santiago, dispuso la suspensión parcial de la pena para los condenados, tomando en cuenta el tiempo de prisión preventiva cumplido. Entre las condiciones impuestas están la residencia en el domicilio declarado, notificación ante cualquier cambio de residencia, abstención de cometer delitos y realización de actividades de formación laboral. El incumplimiento de estas reglas implicaría el cumplimiento íntegro de la condena en prisión.
Funcionamiento de la red criminal
La investigación reveló que la red operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, dedicándose a la falsificación y venta de documentos oficiales como actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, licencias de conducir y permisos para porte de armas. Estos documentos eran vendidos tanto a ciudadanos dominicanos como a extranjeros.
La pesquisa fue realizada por la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago, el Ministerio Público adscrito a la JCE, con apoyo de agentes encubiertos de la Dirección de Seguridad Civil ante la JCE, así como la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, que actuó como querellante junto con la Consultoría Jurídica del órgano electoral.
Evidencias y procedimiento delictivo
El expediente, que supera las 600 páginas, detalla la estructura criminal y la función específica de sus integrantes. El Ministerio Público presentó más de 800 elementos probatorios, entre ellos plásticos incautados en allanamientos, utilizados para imprimir documentos falsos.
Los procesados eliminaban el contenido original de las actas, conservando el papel de seguridad, para luego imprimir datos falsos, logrando documentos idénticos a los originales.
Marco legal
El caso fue tipificado bajo los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos y privados. También se aplicó el artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral.
Resumen
Ocho personas fueron condenadas a penas de tres a seis años de prisión por participar en una red que falsificaba y vendía documentos oficiales en Santiago. La operación, desmantelada por el Ministerio Público y la Policía Nacional, afectó la seguridad jurídica del país. Cinco imputados más enfrentarán juicio ordinario, mientras que los condenados cumplen medidas que incluyen suspensión parcial de la pena bajo condiciones estrictas.
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