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Informe revela corrupción millonaria en SENASA, según PC

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Informe de Participación Ciudadana revela detalles del caso SENASA en RD

Séptimo informe sintetiza expediente judicial sobre corrupción en el Seguro Nacional de Salud

Presentación del informe y contexto del caso SENASA

Participación Ciudadana presentó su séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, dedicado exclusivamente al caso SENASA, también conocido como “Caso Santiago Hazim y compartes”. Este proceso penal ha generado amplio interés público debido a su impacto en el sistema de salud y el uso de fondos destinados a la población vulnerable.

El informe, una síntesis de 32 páginas, se basa en la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público, que consta originalmente de 537 páginas. Participación Ciudadana aclara que todos los datos provienen del expediente judicial y no representan opiniones propias de la organización.

Deterioro institucional y principales irregularidades

Hasta 2020, SENASA era considerado un modelo de gestión pública. Sin embargo, el informe señala que el deterioro institucional comenzó con la gestión de Santiago Hazim. Las denuncias llevaron a una investigación que documenta un entramado de irregularidades con graves consecuencias financieras para la entidad.

Entre las irregularidades reportadas, destacan:

  • Desvío de recursos destinados a la salud pública hacia gastos personales, incluyendo vehículos de lujo, relojes valorados en más de RD$5 millones y botellas de whisky de alto costo.
  • Creación de una estructura de crimen organizado para obstruir la transparencia interna.
  • Implementación de programas fraudulentos para recibir sobornos.
  • Adulteración de estados financieros para ocultar la situación real de SENASA.
  • Uso de empresas fachada para operaciones de lavado de activos.

Uso irregular de programas y sobornos millonarios

El informe destaca el programa NUTRISALUD como un mecanismo para canalizar pagos irregulares. La acusación detalla:

  • Entregas iniciales de RD$100 millones.
  • Transferencias por RD$529,068,000.
  • Nuevas entregas en efectivo por RD$536 millones.
  • Sobornos totales que alcanzarían RD$1,165 millones hasta 2024.

Además, no se realizaron evaluaciones serias sobre el impacto sanitario de estos programas.

Privatización irregular y monopolización de servicios

La investigación documenta una supuesta privatización irregular de servicios de atención primaria. Estos servicios habrían sido monopolizados por un mismo grupo empresarial mediante contratos y adendas sin mecanismos efectivos de fiscalización, lo que generó sobornos adicionales por más de RD$1,621 millones.

Alteraciones financieras y pérdidas millonarias

El Ministerio Público señala que durante la gestión investigada se alteraron los estados financieros para ocultar la situación real. Una comisión interna detectó diferencias superiores a RD$14,340 millones en las reservas técnicas reportadas al regulador.

Ingresos ilícitos y calificación jurídica

El expediente atribuye a Santiago Hazim ingresos ilícitos por aproximadamente RD$2,881 millones vinculados a la adquisición de bienes de lujo mediante mecanismos para ocultar el origen de los fondos. Los hechos han sido calificados jurídicamente como corrupción, coalición de funcionarios, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos, entre otros delitos.

Impacto y propósito del informe

Con este informe, Participación Ciudadana busca facilitar el acceso claro y comprensible a un caso que marca un antes y un después en el debate sobre transparencia y gestión de recursos públicos en República Dominicana.


Resumen

El séptimo informe de Participación Ciudadana expone un caso significativo de corrupción en SENASA, detallando desvíos millonarios, sobornos y alteraciones financieras durante la gestión de Santiago Hazim. La investigación del Ministerio Público revela un entramado complejo que afecta la sostenibilidad del sistema de salud y pone en riesgo los recursos destinados a la población más vulnerable. Este documento busca promover la transparencia y fortalecer el control ciudadano sobre la administración pública.

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